El politólogo y presidente de la International Political Science Association for Students, Roger Santa Cruz, se pronunció sobre los retrasos logísticos y las fallas operativas registrados en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el 12 de abril, y enfatizó que resulta clave distinguir la ineficiencia institucional de una intervención deliberada en el conteo de votos.
En ese marco, Santa Cruz subrayó que, aunque el proceso presentó serias deficiencias que hoy están judicializadas, no hay indicios que permitan sostener un despojo de la voluntad popular.
«Podemos dejar atrás esta dinámica o esta retórica fraudista que no contribuye en nada a la estabilidad del sistema democrático. A pesar de que este proceso tuvo serias fallas y negligencias, no hay pruebas contundentes de un fraude sistémico. Usar la palabra fraude sin evidencias sólidas para incitar a la violencia y presionar a la justicia es una táctica política conocida que se aprovecha de la ineficiencia de las instituciones», señaló en una entrevista.
La carga de la prueba y el debate por la serie 900
Ante los rumores y las denuncias que han circulado desde algunos sectores políticos, como la supuesta existencia de actas de la «serie 900» que favorecerían a Roberto Sánchez en perjuicio de Rafael López Aliaga, Santa Cruz recordó que la obligación de sustentar acusaciones tan graves recae exclusivamente en quienes las formulan.
«Quienes hacen acusaciones tan temerarias tienen consigo que traer la carga de la prueba, y esa carga no se ha presentado hasta el momento, sino que más bien la han estado buscando», indicó el especialista al aludir a los llamados públicos de López Aliaga para que los trabajadores electorales filtren supuestas evidencias de irregularidades.
«No basta con los indicios, tienen que probar concretamente que el fraude se ha cometido, sino estaríamos hablando de inconsistencias logísticas que no pueden superponerse por encima de la voluntad expresada en las urnas», remarcó.
Auditoría no procedente y aval a los observadores
Respecto a los pedidos para someter los resultados a una auditoría, el politólogo explicó que esa vía no procede administrativamente mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE) continúen resolviendo las actas observadas e impugnadas de la primera vuelta.
«La auditoría no procedería aún en este momento y lo que haría en términos prácticos sería dilatar un poco más este proceso de segunda vuelta y negarse a aceptar los resultados», aclaró.
Además, Santa Cruz respaldó el trabajo de las misiones de observación internacional, como el Centro Carter y la Unión Europea, así como de las veedurías nacionales como Transparencia, entidad en la que él mismo participó desde la región Lambayeque. Señaló que no desconfía de estas instancias y afirmó que, al menos en su jurisdicción, el desarrollo de la jornada fue correcto.
Finalmente, advirtió sobre el riesgo de que esta narrativa se intensifique rumbo a la segunda vuelta. «Hay que entender que estas falencias de la primera parte pueden dar pie a sostener una retórica en la segunda vuelta, sobre todo de aquellos a los que no les gusta el resultado, porque parece que esta situación se ha normalizado ya desde el 2021 y un poco antes del 2016», concluyó.
Fuente: Diario RPP