Roger Santa Cruz consideró que, en la fase actual del conteo y resolución de actas, una auditoría internacional no es viable y reiteró que no se han mostrado evidencias que respalden acusaciones de fraude generalizado.
Roger Santa Cruz, presidente de la International Political Science Association for Students, reconoció las graves deficiencias operativas atribuidas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). A la vez, alertó que distintas agrupaciones han recurrido a una “retórica fraudista” sin sustento probatorio.
El politólogo y también presidente de la International Political Science Association for Students, Roger Santa Cruz, comentó sobre los retrasos logísticos y errores operativos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el 12 de abril. Subrayó que es clave distinguir la ineficiencia institucional de una acción deliberada de manipulación del voto.
En esa línea, Santa Cruz remarcó que, aunque el proceso registró serias fallas que hoy se ventilan en el ámbito judicial, no hay elementos que permitan concluir que se pretendió despojar a la ciudadanía de su voluntad expresada en las urnas.
«Podemos dejar atrás esta dinámica o esta retórica fraudista que no contribuye en nada a la estabilidad del sistema democrático. A pesar de que este proceso tuvo serias fallas y negligencias, no hay pruebas contundentes de un fraude sistémico. Usar la palabra fraude sin evidencias sólidas para incitar a la violencia y presionar a la justicia es una táctica política conocida que se aprovecha de la ineficiencia de las instituciones», dijo en Ampliación de Noticias.
La carga de la prueba y el debate sobre la serie 900
Frente a los rumores y denuncias difundidos por algunos sectores políticos, entre ellos la supuesta existencia de actas de la “serie 900” que favorecerían a Roberto Sánchez en perjuicio de Rafael López Aliaga, Santa Cruz recordó que la responsabilidad de sustentar acusaciones tan serias corresponde solo a quienes las formulan.
«Quienes hacen acusaciones tan temerarias tienen consigo que traer la carga de la prueba, y esa carga no se ha presentado hasta el momento, sino que más bien la han estado buscando», indicó el especialista, aludiendo a los llamados públicos de López Aliaga para que el personal electoral filtre supuestas pruebas de irregularidades.
«No basta con los indicios, tienen que probar concretamente que el fraude se ha cometido, sino estaríamos hablando de inconsistencias logísticas que no pueden superponerse por encima de la voluntad expresada en las urnas», remarcó.
Auditoría, hoy inviable, y respaldo a la observación electoral
Sobre las solicitudes de auditar los resultados, el politólogo explicó que esta iniciativa no procede en términos administrativos mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE) continúen tramitando las actas observadas e impugnadas de la primera vuelta.
«La auditoría no procedería aún en este momento y lo que haría en términos prácticos sería dilatar un poco más este proceso de segunda vuelta y negarse a aceptar los resultados», aclaró.
Además, Santa Cruz defendió el trabajo de las misiones de observación internacional, como el Centro Carter y la Unión Europea, así como el de las veedurías nacionales como Transparencia, organización en la que él mismo participó desde la región Lambayeque. Afirmó que no desconfía de estas entidades y aseguró que, al menos en su jurisdicción, el proceso se desarrolló de manera adecuada.
Finalmente, advirtió sobre el riesgo de que esta narrativa se prolongue con miras a la segunda vuelta.
«Hay que entender que estas falencias de la primera parte pueden dar pie a sostener una retórica en la segunda vuelta, sobre todo de aquellos a los que no les gusta el resultado, porque parece que esta situación se ha normalizado ya desde el 2021 y un poco antes del 2016», concluyó.
Fuente: Diario RPP