Funcionarios del organismo electoral sostienen que M&T International no tenía impedimentos legales activos al momento de la firma y que los sistemas evaluados superaron todas las pruebas técnicas.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) defendió la validez del contrato con M&T Corporation del Perú SAC, empresa encargada de la auditoría informática de las elecciones generales del pasado 12 de abril.
Frente a los cuestionamientos por una sanción administrativa de años anteriores, voceros de la institución señalaron en conferencia de prensa que el proceso de selección, valorizado en 944,000 soles, se llevó a cabo cumpliendo estrictamente la normativa vigente.
El organismo destacó que los sistemas revisados mostraron un desempeño estable y seguro, con lo cual se garantizó la transparencia del escrutinio para la ciudadanía y las organizaciones políticas.
Las críticas a la contratación de M&T International surgieron a raíz de un reportaje del programa Cuarto Poder emitido el último domingo, donde se informó que la compañía fue sancionada en 2016 con 11 meses de inhabilitación por presentar información inexacta en un proceso previo con el Estado.
Aspectos legales y estado de la sanción
Yuvitza Aguilar Ticona, subgerente de Logística de la ONPE, precisó que, al momento de suscribir el contrato el 4 de noviembre, la empresa no registraba ninguna inhabilitación vigente en los sistemas oficiales.
Según la funcionaria, las entidades consultan los antecedentes de los proveedores dentro de un periodo determinado y, en este caso, la ficha única del proveedor no mostraba penalidades ni impedimentos administrativos recientes.
La defensa de la ONPE remarca que una sanción ya cumplida no limita el derecho de una compañía a postular y participar en nuevas convocatorias públicas.
«No hay una ley, una norma que a nosotros nos impida contratar con esta empresa, a pesar de que haya tenido alguna sanción anterior a la fecha de la contratación que ya se haya superado, es así que una buena cantidad de empresas son sancionadas y al terminar la sanción, pueden seguir contratando con el Estado, porque no hay una norma que les impida que puedan contratar», dijo Aguilar Ticona.
Además, el organismo precisó que el sistema del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ofrece un historial específico para la verificación de inhabilitaciones.
Aguilar Ticona agregó que, al momento del concurso público, la información disponible confirmaba que la empresa estaba habilitada para prestar el servicio, luego de una tercera convocatoria en la que se revisaron todos los documentos exigidos por los términos de referencia.
Desempeño e idoneidad de los sistemas informáticos
Roberto Montenegro Vega, gerente de Informática y Tecnología Electoral, indicó que la auditoría técnica, con una duración de 168 días, abarcó una revisión exhaustiva del código fuente, la seguridad de la información y la operatividad de las plataformas electorales.
De acuerdo con el funcionario, los resultados arrojaron que la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el Sistema de Cómputo Electoral (SCE) y la página web de resultados cumplieron con estándares internacionales de ciberseguridad y calidad.
Además, Montenegro subrayó que todos los hallazgos críticos identificados durante el proceso fueron solucionados antes de la jornada de votación.
«Los tres sistemas estaban aptos para ser utilizados en el proceso electoral», sostuvo Montenegro Vega ante los periodistas.
Fuente: Diario RPP