Roger Santa Cruz, presidente de la International Political Science Association for Students, descartó la viabilidad de una auditoría internacional en la etapa actual del proceso electoral y sostuvo que, aunque hubo negligencias graves en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), no se han presentado evidencias sólidas de un fraude sistémico.
El politólogo y presidente de la International Political Science Association for Students, Roger Santa Cruz, se refirió el 12 de abril a los retrasos logísticos y fallas operativas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y subrayó que es fundamental distinguir la ineficiencia institucional de un acto deliberado de manipulación de votos.
En esa línea, Santa Cruz enfatizó que, si bien el proceso registró deficiencias serias que hoy se encuentran judicializadas, no hay elementos que configuren un robo de la voluntad popular.
«Podemos dejar atrás esta dinámica o esta retórica fraudista que no contribuye en nada a la estabilidad del sistema democrático. A pesar de que este proceso tuvo serias fallas y negligencias, no hay pruebas contundentes de un fraude sistémico. Usar la palabra fraude sin evidencias sólidas para incitar a la violencia y presionar a la justicia es una táctica política conocida que se aprovecha de la ineficiencia de las instituciones», dijo en Ampliación de Noticias.
La carga de la prueba y la «serie 900»
Frente a los rumores y denuncias impulsadas por ciertos sectores, como la presunta existencia de actas de la «serie 900» que favorecerían a Roberto Sánchez en perjuicio de Rafael López Aliaga, Santa Cruz recordó que la obligación de demostrar estas acusaciones recae exclusivamente en quienes las formulan.
«Quienes hacen acusaciones tan temerarias tienen consigo que traer la carga de la prueba, y esa carga no se ha presentado hasta el momento, sino que más bien la han estado buscando», indicó el especialista en referencia a los llamados públicos de López Aliaga para que los trabajadores electorales filtren pruebas de las supuestas irregularidades.
«No basta con los indicios, tienen que probar concretamente que el fraude se ha cometido, sino estaríamos hablando de inconsistencias logísticas que no pueden superponerse por encima de la voluntad expresada en las urnas».
Auditoría inviable y respaldo a las misiones de observación
Respecto a los pedidos de someter los resultados a una auditoría, el politólogo explicó que esa medida no procede administrativamente mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE) continúen resolviendo las actas observadas e impugnadas de la primera vuelta.
«La auditoría no procedería aún en este momento y lo que haría en términos prácticos sería dilatar un poco más este proceso de segunda vuelta y negarse a aceptar los resultados», aclaró.
Por otra parte, Santa Cruz defendió la labor de las misiones de observación internacional, como el Centro Carter y la Unión Europea, así como de las veedurías nacionales como Transparencia, en la cual él mismo participó desde la región Lambayeque. Afirmó no desconfiar de estas entidades y confirmó que, al menos en su jurisdicción, el proceso se desarrolló de manera correcta.
Advertencia de cara a la segunda vuelta
Finalmente, alertó sobre el riesgo de prolongar esta narrativa rumbo a la segunda vuelta.
«Hay que entender que estas falencias de la primera parte pueden dar pie a sostener una retórica en la segunda vuelta, sobre todo de aquellos a los que no les gusta el resultado, porque parece que esta situación se ha normalizado ya desde el 2021 y un poco antes del 2016», concluyó.
Fuente: Diario RPP