Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) expuso un presunto favorecimiento indebido a un proveedor del servicio de transporte y la vulneración del derecho de sufragio de 55 261 electores.
La CGR estableció presunta responsabilidad penal y administrativa en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entre ellos el exjefe Piero Corvetto, por una «serie de irregularidades» que impactó de forma directa en el ejercicio democrático de 55 261 ciudadanos de Lima Metropolitana durante la primera vuelta de las elecciones generales realizada el 12 de abril.
Contratación del transporte y falencias en los TDR
Según el documento de control, personal de la Subgerencia de Producción Electoral y de la Gerencia de Gestión Electoral solicitó la contratación del servicio de transporte de carga a nivel nacional para el despliegue y repliegue de material electoral, equipos informáticos e implementos orientados al simulacro y a la jornada de votación. El informe precisó que los términos de referencia no contemplaron una cuantificación real de los vehículos requeridos para movilizar dicho material y equipos.
«A esto se suma que evaluadores de la ONPE para la fase de selección asignaron un puntaje menor a uno de los postores calificados, ya que se aplicó un criterio que no estaba establecido en los términos de referencia y fue disminuir dos metros el largo de vehículos ofertados, determinándose un mínimo de capacidad de 10 metros cúbicos. Ello permitió adjudicar la buena pro por S/ 6 368 332.75 a una oferta económica que fue superior en S/ 168 148.19», detalló.
¿Posible favorecimiento?
La Contraloría indicó que el uso de un criterio que recortó en dos metros la longitud de los vehículos posibilitó identificar que los evaluadores registraron información inexacta sobre la capacidad de carga de seis unidades presentadas por el postor ganador. Esto originó la asignación de un puntaje indebido a esa empresa, a pesar de que su oferta superaba en S/ 469 404.09 a la presentada por el postor que, conforme correspondía, debía obtener la buena pro.
El informe concluyó que estas acciones vulneraron el adecuado funcionamiento de la administración pública durante el proceso electoral, al beneficiar indebidamente al consorcio adjudicado. Además, se constató que la empresa ejecutó el servicio mayoritariamente con vehículos de terceros: empleó 437 unidades alquiladas (92 %) y solo 40 unidades propias (8 %). De acuerdo con el reporte, esta situación fue consecuencia del accionar irregular de los evaluadores a cargo de la etapa de selección.
De igual modo, se detectaron presuntas irregularidades en la actuación del subgerente de Producción Electoral y del gerente de Gestión Electoral de la ONPE, quienes, pese a saber que se requerían al menos 68 vehículos propios y un total de hasta 400 unidades, no actualizaron el requerimiento. Aun así, se elaboraron términos de referencia sin precisar la cantidad real de vehículos necesarios para la ejecución del servicio de transporte hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao.
Traslado de equipos y decisiones sin sustento
Otro hecho observado por la Contraloría involucra a funcionarios de la Subgerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnológica, la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, la Subgerencia de Producción Electoral y la Gerencia de Gestión Electoral, quienes solicitaron y autorizaron el traslado de equipos informáticos utilizados en la jornada de capacitación del 5 de abril de 2026 para destinarlos como contingencia al proceso electoral.
Derecho al sufragio vulnerado
De acuerdo con el informe, esta decisión se ejecutó sin realizar las gestiones necesarias para cubrir la demanda de equipos ni formular observaciones sobre los riesgos implicados. Con ello, se permitió el repliegue y la entrega tardía de los equipos, aun cuando los funcionarios conocían el impacto que generaría en el cronograma del Plan Operativo Electoral (POE).
«Estos mismos funcionarios, el pasado 11 de abril a las 16:28 horas, efectuaron la reprogramación de 43 rutas que comprendieron a 553 locales de votación con 8261 mesas de sufragios que involucraban a 2 453 791 electores, consignándose por cada ruta un tiempo de entrega de tres horas y media a cuatro horas, cuando en realidad se requería al menos ocho horas, a sabiendas que dicha reprogramación no aseguraba la entrega oportuna del material y equipos informáticos electorales», indicó.
Como consecuencia, el material electoral y los equipos informáticos se distribuyeron fuera de plazo en 3605 mesas de sufragio. De ese total, 187 mesas no llegaron a instalarse el día de la votación en Lima Metropolitana, afectando el derecho al sufragio de 55 261 electores, así como la finalidad pública de las contrataciones de laptops, impresoras y del servicio de transporte destinado a su despliegue.
Asimismo, el órgano de control determinó que funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral, la Gerencia de Gestión Electoral, la Subgerencia de Logística, la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Administración tramitaron y aprobaron, entre el 7 y el 9 de abril de 2026, prestaciones adicionales por S/ 650 205.94 vinculadas al contrato de transporte de material y equipos informáticos electorales, cuyo monto original ascendía a S/ 6 368 332.75.
Según el informe, dichas prestaciones se aprobaron sin contar con el sustento técnico ni legal que demostrara su carácter indispensable para cumplir la finalidad pública del contrato. Entre las variaciones se incluyó el incremento de rutas, la incorporación de unidades vehiculares de contingencia y el aumento del precio unitario para el repliegue de 5441 equipos informáticos desde las ODPE de Lima Metropolitana y Callao hacia el local de Lurín.
Fuente: Diario RPP