La incertidumbre en torno al proceso electoral podría detonar protestas con efecto directo en la administración de la ciudad, advirtió el abogado de la Municipalidad de Lima. En ese marco, el exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC), Gerardo Eto Cruz, defendió la demanda competencial presentada por la comuna contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras la negativa de convocar a elecciones complementarias.
El jurista rechazó las críticas a la iniciativa impulsada por el alcalde Renzo Reggiardo y sostuvo que la decisión del JNE de desechar los comicios complementarios impacta en las competencias municipales, pues podría originar movilizaciones que alteren el orden y la seguridad pública.
Gerardo Eto Cruz sostuvo que la demanda es «especial y estrictamente legítima», al considerar que el JNE, al cerrar cualquier vía de «tutela restaurativa focalizada del sufragio», respondió de forma insuficiente y produjo un «menoscabo funcional» en las atribuciones de la Municipalidad de Lima.
Asimismo, remarcó que «El Tribunal Constitucional ha declarado desde hace ya mucho tiempo que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones también pueden ser objeto de control constitucional, porque el intérprete supremo de todos los órganos del Estado es el TC (…). Es un conflicto atípico», en rechazo a la idea de que las decisiones del ente electoral sean inimpugnables.
Atribuciones de la Municipalidad de Lima
Al referirse a las funciones de la Municipalidad de Lima, Eto Cruz precisó que la comuna no busca asumir la representación procesal del derecho al voto de cada ciudadano, sino alertar sobre las consecuencias sociales derivadas de la resolución del JNE.
Según el abogado, la falta de certezas en el proceso electoral desatará manifestaciones que afectarán de manera directa la gestión de la ciudad. «El territorio de Lima Metropolitana va a estar sujeto al asedio, va a haber una suerte de territorio comanche», indicó.
En esa línea, argumentó que competencias municipales como la seguridad ciudadana, el control del tránsito, la protección del centro histórico, la salud pública y la preservación de zonas intangibles se verán seriamente comprometidas ante «marchas y contramarchas».
Consultado sobre la pertinencia de presentar una demanda constitucional basada en eventos aún no ocurridos, como posibles protestas, Eto Cruz enfatizó que los procesos constitucionales también cumplen una función preventiva.
«No se necesita ser zahorí o brujo para ver que esa situación va a ocurrir. Desde el punto de vista sociológico, vivimos una crisis de Estado», culminó.
Fuente: Diario RPP