La ONPE ofreció una conferencia de prensa este lunes. | Fuente: ONPE
Voceros del organismo electoral sostuvieron que M&T International no registraba impedimentos legales activos al momento de la firma y que sus sistemas superaron todas las pruebas técnicas.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) defendió la legalidad de la contratación de M&T Corporation del Perú SAC, encargada de la auditoría informática de las elecciones generales del pasado 12 de abril.
Ante las críticas por una sanción administrativa aplicada años atrás, los representantes de la institución indicaron en conferencia de prensa que el proceso de selección, valorizado en 944,000 soles, se llevó a cabo en estricto cumplimiento de la normativa vigente.
El organismo destacó que los sistemas evaluados mostraron un desempeño estable y seguro, lo que garantiza la transparencia del escrutinio para la ciudadanía y las organizaciones políticas.
Las observaciones a la contratación de M&T International se originaron en un reportaje del programa Cuarto Poder difundido el último domingo, donde se reveló que la empresa fue sancionada en 2016 con 11 meses de inhabilitación por presentar información inexacta en un proceso previo con el Estado.
Auditoría ONPE 2026: Funcionarios aseguran que el contrato con M&T International se ajustó a ley | Fuente: ONPE
Base legal y vigencia de la inhabilitación
Yuvitza Aguilar Ticona, subgerente de Logística de la ONPE, señaló que al suscribirse el contrato el 4 de noviembre la empresa no tenía ninguna inhabilitación activa en los registros oficiales.
Según la funcionaria, las entidades revisan los antecedentes de los proveedores en un periodo determinado y, en este caso, la ficha única del proveedor no mostraba penalidades ni impedimentos administrativos recientes.
La posición de la ONPE remarca que una sanción cumplida no limita el derecho de una compañía a participar en nuevas convocatorias públicas.
«No hay una ley, una norma que a nosotros nos impida contratar con esta empresa, a pesar de que haya tenido alguna sanción anterior a la fecha de la contratación que ya se haya superado, es así que una buena cantidad de empresas son sancionadas y al terminar la sanción, pueden seguir contratando con el Estado, porque no hay una norma que les impida que puedan contratar», dijo Aguilar Ticona.
Asimismo, el organismo precisó que el sistema del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ofrece un historial específico para consultar inhabilitaciones.
Aguilar Ticona indicó que la información obtenida al momento del concurso público señalaba que la empresa estaba habilitada para brindar el servicio, tras una tercera convocatoria en la que se evaluaron todos los documentos requeridos por los términos de referencia.
Evaluación de los sistemas informáticos
Roberto Montenegro Vega, gerente de Informática y Tecnología Electoral, indicó que la auditoría técnica, que se extendió por 168 días, incluyó una revisión exhaustiva del código fuente, la seguridad de la información y la funcionalidad de las plataformas electorales.
De acuerdo con el funcionario, la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el Sistema de Cómputo Electoral (SCE) y la página web de resultados cumplieron con estándares internacionales de ciberseguridad y calidad.
Además, Montenegro subrayó que todos los hallazgos críticos detectados durante el proceso fueron resueltos antes del día de la votación.
«Los tres sistemas estaban aptos para ser utilizados en el proceso electoral», sostuvo Montenegro Vega ante los periodistas.
Fuente: Diario RPP