La ONPE ofreció una conferencia de prensa este lunes, en la que salió al frente para explicar el proceso de contratación de la firma encargada de la auditoría informática, de acuerdo con la propia Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ratificó la legalidad de la contratación de M&T Corporation del Perú SAC, empresa responsable de realizar la auditoría informática de las elecciones generales del pasado 12 de abril.
Ante las dudas por una sanción administrativa ocurrida años atrás, los voceros de la institución indicaron en conferencia de prensa que el proceso de selección, valorizado en 944,000 soles, se desarrolló con estricto apego a la normativa vigente.
El organismo remarcó que los sistemas evaluados mostraron un desempeño estable y seguro, garantizando la transparencia del escrutinio para la ciudadanía y las organizaciones políticas.
Los cuestionamientos sobre la contratación de M&T International surgieron a partir de un reportaje difundido por Cuarto Poder el último domingo, en el que se reveló que la empresa fue sancionada en 2016 con 11 meses de inhabilitación por presentar información inexacta en un proceso previo con el Estado.
Alcances legales y estado de la sanción
Yuvitza Aguilar Ticona, subgerente de Logística de la ONPE, precisó que, al momento de suscribirse el contrato el 4 de noviembre, la compañía no tenía ninguna inhabilitación vigente en los registros oficiales.
De acuerdo con la funcionaria, las entidades verifican los antecedentes de los proveedores dentro de un periodo determinado y, en este caso, la ficha única del proveedor no mostraba penalidades ni impedimentos administrativos recientes.
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La defensa de la ONPE sostiene que una sanción ya cumplida no limita el derecho de una compañía a presentarse en nuevas convocatorias públicas.
«No hay una ley, una norma que a nosotros nos impida contratar con esta empresa, a pesar de que haya tenido alguna sanción anterior a la fecha de la contratación que ya se haya superado, es así que una buena cantidad de empresas son sancionadas y al terminar la sanción, pueden seguir contratando con el Estado, porque no hay una norma que les impida que puedan contratar», afirmó Aguilar Ticona.
Asimismo, el organismo aclaró que el sistema del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) brinda un historial específico para las consultas de inhabilitación.
Aguilar Ticona indicó que la información verificada al momento del concurso público señalaba que la empresa estaba apta para prestar el servicio, tras una tercera convocatoria en la que se evaluaron todos los documentos exigidos por los términos de referencia.
Evaluación de los sistemas informáticos
Roberto Montenegro Vega, gerente de Informática y Tecnología Electoral, explicó que la auditoría técnica se extendió por 168 días e incluyó una revisión a profundidad del código fuente, la seguridad de la información y la funcionalidad de las plataformas electorales.
Según el funcionario, los resultados mostraron que la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el Sistema de Cómputo Electoral (SCE) y el portal de resultados cumplieron con estándares internacionales de ciberseguridad y calidad.
Además, Montenegro subrayó que todos los hallazgos críticos identificados durante el proceso fueron resueltos antes del día de la votación.
«Los tres sistemas estaban aptos para ser utilizados en el proceso electoral», sostuvo Montenegro Vega ante los periodistas.
Fuente: Diario RPP