El politólogo y presidente de la International Political Science Association for Students, Roger Santa Cruz, abordó los retrasos logísticos y las fallas operativas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ocurridos el 12 de abril, y subrayó que resulta clave distinguir la ineficiencia institucional de una acción deliberada de manipulación de votos.
En esa línea, Santa Cruz recalcó que, aunque el proceso presentó deficiencias graves actualmente judicializadas, no hay elementos que permitan sostener un despojo de la voluntad popular.
«Podemos dejar atrás esta dinámica o esta retórica fraudista que no contribuye en nada a la estabilidad del sistema democrático. A pesar de que este proceso tuvo serias fallas y negligencias, no hay pruebas contundentes de un fraude sistémico. Usar la palabra fraude sin evidencias sólidas para incitar a la violencia y presionar a la justicia es una táctica política conocida que se aprovecha de la ineficiencia de las instituciones», dijo en Ampliación de Noticias.
La responsabilidad de probar y la polémica «serie 900»
Frente a los rumores y denuncias difundidas por ciertos sectores políticos —entre ellos la presunta existencia de actas de la «serie 900» que beneficiarían a Roberto Sánchez en detrimento de Rafael López Aliaga—, Santa Cruz recordó que la obligación de acreditar este tipo de señalamientos corresponde únicamente a quienes los formulan.
«Quienes hacen acusaciones tan temerarias tienen consigo que traer la carga de la prueba, y esa carga no se ha presentado hasta el momento, sino que más bien la han estado buscando», indicó el especialista al aludir a los llamados públicos de López Aliaga para que el personal electoral filtre pruebas de las supuestas irregularidades.
«No basta con los indicios, tienen que probar concretamente que el fraude se ha cometido, sino estaríamos hablando de inconsistencias logísticas que no pueden superponerse por encima de la voluntad expresada en las urnas», remarcó.
Auditoría no procedente por ahora y respaldo a las misiones de observación
Sobre los pedidos de auditar los resultados, el politólogo explicó que, en términos administrativos, esta figura no corresponde mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE) sigan tramitando las actas observadas e impugnadas de la primera vuelta.
«La auditoría no procedería aún en este momento y lo que haría en términos prácticos sería dilatar un poco más este proceso de segunda vuelta y negarse a aceptar los resultados», aclaró.
Además, Santa Cruz respaldó el trabajo de las misiones de observación internacional, entre ellas el Centro Carter y la Unión Europea, así como de las veedurías nacionales como Transparencia, organización en la que él mismo participó desde la región Lambayeque. Señaló que no desconfía de estas instancias y afirmó que, al menos en su jurisdicción, el proceso se desarrolló de forma adecuada.
Por último, advirtió sobre el riesgo de que esta narrativa se prolongue rumbo a la segunda vuelta.
«Hay que entender que estas falencias de la primera parte pueden dar pie a sostener una retórica en la segunda vuelta, sobre todo de aquellos a los que no les gusta el resultado, porque parece que esta situación se ha normalizado ya desde el 2021 y un poco antes del 2016», concluyó.
Fuente: Diario RPP