Roger Santa Cruz descartó la viabilidad de una auditoría internacional en la etapa actual del proceso electoral.
El presidente de la International Political Science Association for Students, Roger Santa Cruz, reconoció graves negligencias operativas en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero advirtió que diversas agrupaciones están recurriendo a una «retórica fraudista» sin sustentarla con pruebas sólidas.
El politólogo y presidente de la International Political Science Association for Students, Roger Santa Cruz, se pronunció el 12 de abril sobre los retrasos logísticos y fallas operativas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y sostuvo que es clave distinguir la ineficiencia institucional de un intento deliberado por manipular votos.
En esa línea, Santa Cruz subrayó que, aunque el proceso registró serias deficiencias hoy judicializadas, no hay elementos que configuren un robo de la voluntad popular.
«Podemos dejar atrás esta dinámica o esta retórica fraudista que no contribuye en nada a la estabilidad del sistema democrático. A pesar de que este proceso tuvo serias fallas y negligencias, no hay pruebas contundentes de un fraude sistémico. Usar la palabra fraude sin evidencias sólidas para incitar a la violencia y presionar a la justicia es una táctica política conocida que se aprovecha de la ineficiencia de las instituciones»
La carga de la prueba y las actas de la serie 900
Frente a los rumores y denuncias mediáticas promovidas por algunos sectores políticos, entre ellas la supuesta aparición de actas de la «serie 900» que favorecerían a Roberto Sánchez en perjuicio de Rafael López Aliaga, Santa Cruz recordó que la obligación de acreditar acusaciones tan graves recae únicamente en quienes las formulan.
«Quienes hacen acusaciones tan temerarias tienen consigo que traer la carga de la prueba, y esa carga no se ha presentado hasta el momento, sino que más bien la han estado buscando»
El especialista hizo este señalamiento al referirse a los llamados públicos de Rafael López Aliaga para que trabajadores electorales filtren supuestas evidencias de irregularidades.
«No basta con los indicios, tienen que probar concretamente que el fraude se ha cometido, sino estaríamos hablando de inconsistencias logísticas que no pueden superponerse por encima de la voluntad expresada en las urnas»
Auditoría aún inviable y respaldo a observadores electorales
En cuanto a los pedidos de someter los resultados a una auditoría, el politólogo explicó que esa medida no procede administrativamente mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE) sigan resolviendo las actas observadas e impugnadas de la primera vuelta.
«La auditoría no procedería aún en este momento y lo que haría en términos prácticos sería dilatar un poco más este proceso de segunda vuelta y negarse a aceptar los resultados»
Además, Santa Cruz respaldó el trabajo de las misiones de observación internacional, como el Centro Carter y la Unión Europea, así como de las veedurías nacionales como Transparencia, en la cual él mismo participó desde la región Lambayeque. Aseguró no desconfiar de estas entidades y señaló que, al menos en su jurisdicción, el proceso se desarrolló de manera correcta.
Por último, advirtió sobre el riesgo de extender esta narrativa con miras a la segunda vuelta.
«Hay que entender que estas falencias de la primera parte pueden dar pie a sostener una retórica en la segunda vuelta, sobre todo de aquellos a los que no les gusta el resultado, porque parece que esta situación se ha normalizado ya desde el 2021 y un poco antes del 2016»
Fuente: Diario RPP