El politólogo y presidente de la International Political Science Association for Students, Roger Santa Cruz, se pronunció sobre los retrasos logísticos y las fallas operativas registradas el 12 de abril en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Subrayó que es clave distinguir entre la ineficiencia institucional y una manipulación deliberada del voto.
En esa línea, Santa Cruz recalcó que, aunque el proceso presentó deficiencias serias que hoy están en sede judicial, no hay elementos que permitan sostener un arrebato de la voluntad popular.
«Podemos dejar atrás esta dinámica o esta retórica fraudista que no contribuye en nada a la estabilidad del sistema democrático. A pesar de que este proceso tuvo serias fallas y negligencias, no hay pruebas contundentes de un fraude sistémico. Usar la palabra fraude sin evidencias sólidas para incitar a la violencia y presionar a la justicia es una táctica política conocida que se aprovecha de la ineficiencia de las instituciones», afirmó el politólogo.
La carga de la prueba y la polémica por la serie 900
Frente a rumores y denuncias difundidas por algunos sectores, entre ellos la presunta existencia de actas de la «serie 900» que favorecerían a Roberto Sánchez en desmedro de Rafael López Aliaga, Santa Cruz recordó que la obligación de sustentar afirmaciones tan graves recae únicamente en quienes las formulan.
«Quienes hacen acusaciones tan temerarias tienen consigo que traer la carga de la prueba, y esa carga no se ha presentado hasta el momento, sino que más bien la han estado buscando», indicó el especialista, aludiendo a los llamados públicos de López Aliaga para que trabajadores electorales filtren supuestas evidencias de irregularidades.
«No basta con los indicios, tienen que probar concretamente que el fraude se ha cometido, sino estaríamos hablando de inconsistencias logísticas que no pueden superponerse por encima de la voluntad expresada en las urnas», remarcó.
Auditoría inviable y aval a los observadores
Sobre los pedidos de someter los resultados a una auditoría, el politólogo explicó que tal medida no corresponde en este momento, ya que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE) aún están resolviendo actas observadas e impugnadas de la primera vuelta.
«La auditoría no procedería aún en este momento y lo que haría en términos prácticos sería dilatar un poco más este proceso de segunda vuelta y negarse a aceptar los resultados», aclaró.
Además, Santa Cruz respaldó el trabajo de las misiones de observación internacional como el Centro Carter y la Unión Europea, así como de las veedurías nacionales como Transparencia, organización en la que él mismo participó desde la región Lambayeque. Señaló que no desconfía de estas entidades y afirmó que, al menos en su jurisdicción, el proceso se desarrolló correctamente.
Finalmente, advirtió sobre el riesgo de prolongar esta narrativa con miras a la segunda vuelta.
«Hay que entender que estas falencias de la primera parte pueden dar pie a sostener una retórica en la segunda vuelta, sobre todo de aquellos a los que no les gusta el resultado, porque parece que esta situación se ha normalizado ya desde el 2021 y un poco antes del 2016», concluyó.
Fuente: Diario RPP