Silvia Guevara, abogada especializada en derecho electoral, llamó a la prudencia institucional y resaltó: «Yo instaría a los dos organismos electorales [ONPE y JNE] que actúen con la mesura que corresponde en un proceso electoral». Fuente: Andina
Nulidad de primarias y cuestionamientos entre entidades electorales
La decisión reciente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de invalidar las elecciones primarias de Acción Popular, al detectar «vicios sustanciales» que afectaron la democracia interna y el debido proceso, abrió un frente de debate. En particular, la propia resolución del JNE señala que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no habría reaccionado a tiempo frente a las irregularidades advertidas antes del acto electoral.
Sobre este punto, el JNE dejó constancia en su pronunciamiento: «El JNE informó a la ONPE con antelación al desarrollo de las elecciones primarias de la [organización política], no habiendo adoptado la ONPE las medidas del caso. Contrario a ello, elaboró el Informe N° 000597-2025-GOECOR/ONPE, de fecha 07 de diciembre de 2025, en el cual señala que «(…) cualquier lista distinta a la comunicada por los canales oficiales de la ONPE, carece de sustento legal y afecta gravemente la transparencia y confianza del proceso electoral (…)», dejando de lado en primer lugar, las observaciones realizadas por los fiscalizadores del JNE, las cuales les hacían ver que se estaría cometiendo un error al considerar delegados que no fueron elegidos el 30 de noviembre de 2025, conforme al hito establecido; y en segundo lugar y principalmente, su deber de asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa»
Consultada por los alcances de la medida, Silvia Guevara sostuvo que la resolución no vulnera la Constitución. En sus palabras: «Me parece que, dentro de todo, es una medida sí dura, pero una medida adecuada que puede encauzar y hacer que se recupere la confianza cuando sobre todo existen vicios dentro de la democracia interna tan evidentes».
La especialista lamentó los efectos sobre la militancia: «Es lamentable que estemos frente a una situación en la que, finalmente, una organización política por estos hechos que han tenido que ser parte de su propio control interno, de su misma organización interna, termine finalmente limitando e impidiendo, quitando la posibilidad de aquellos afiliados que, buenamente, han tenido y han cumplido de manera legal con lo que correspondía para poder participar».
Al evaluar el trasfondo de la controversia, Guevara interpretó que el JNE busca ajustar la actuación de la ONPE: «lo que quiere es enmendarle la plana a la ONPE, y lo dice de manera expresa». Y añadió: «Esta no es una situación que se ve únicamente por este caso en particular, yo advertí que también esto viene desde el tema del voto digital».
En esa misma línea, la abogada reiteró su llamado a la moderación y a la coordinación entre entidades: «Yo instaría a los dos organismos electorales que actúen con la mesura que corresponde en un proceso electoral y que no estemos frente a, digamos, riñas de niños que finalmente lo que perjudican es la democracia, porque lo que genera es esta desconfianza en la población, y acá no hay héroes y villanos. Creo que los tres organismos electorales tienen competencias diferenciadas y tienen que articular, porque hay mucho que ver aquí con el tema de la articulación».
Asimismo, remarcó la distribución de funciones: «si bien es cierto, el JNE resuelve, en segunda instancia, las controversias electorales, la ONPE también tiene su propia labor en la organización de las elecciones primarias».
Al profundizar en el rol operativo, Guevara precisó los límites de la ONPE en los comicios internos: «Hay un aspecto muy importante que yo sí quiero demarcar que creo que ha podido quizá cambiar un poco el panorama que tenemos y tiene que ver, primero, con el hecho de que, en las elecciones primarias, efectivamente, todo es dentro de lo que vienen a ser las competencias de las mismas organizaciones políticas. Es decir, la ONPE lo que no puede hacer es alterar ni modificar los resultados. Con lo cual, el hecho del registro que se realice dentro de su plataforma le puede dar, justamente, ese conocimiento de lo que ha tenido que decidir la organización política».
También comentó sobre los tiempos en que ocurrieron los hechos y la respuesta institucional: «Sin embargo, entre el 5 de diciembre y el 7 de diciembre, que finalmente eran las elecciones, solo quedaban dos días para que pueda accionar, con lo cual era muy limitativo también y, finalmente, la ONPE actuó con prudencia para no poder interrumpir estas elecciones. O sea, digamos que sustento a nivel de lo que viene a ser la postura que tomó, se puede también tomar y respetar».
¿Acción Popular arriesga su inscripción en el ROP?
Otro punto que analizan diversos expertos es si Acción Popular podría perder su registro en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) por quedar fuera de las elecciones generales. Para Guevara, ese escenario es factible, aunque existe un posible respiro ligado a los comicios subnacionales de 2026.
Según explicó la especialista: «Lamentablemente, Acción Popular no va a poder participar, y no solo eso: al no participar en las elecciones generales, ni tampoco lograr representación en el Congreso, están en curso de la causal de cancelación de la pérdida de inscripción del partido ante el ROP. Lo cual, lógicamente, con las nuevas reglas actuales, va a poderse ver recién a partir de enero del 2027, con lo cual aún le queda un espacio para que puedan presentar listas para las elecciones regionales y municipales».
Finalmente, subrayó la importancia de ese calendario electoral como alternativa para la agrupación: «Ese es el salvavidas que se les ha dado a todas las organizaciones políticas para los actuales procesos electorales del próximo año».
Fuente: Diario RPP